(Wired News y Terra) Hackear una página web no es delito en la Argentina. Al menos, así lo dispuso un juez federal, que consideró que cualquier persona puede borrar o alterar información que aparece en Internet porque sólo "las personas, los animales y las cosas" están protegidas por el Código Penal.
El fallo —adoptado el 20 de marzo pero recién fue conocido el jueves pasado— fue tomado en el caso del sabotaje al sitio de la Corte Suprema de la Nación, ocurrido en 1998. Y es especialmente relevante porque se trata del primer caso de hackeo que llega a la justicia federal.
En el país hay un "claro vacío legal" para juzgar delitos informáticos, dijo el juez. Según el magistrado Sergio Torres, del juzgado federal N °12, "una página web no puede asimilarse al concepto de cosa. Ello es así en tanto y en cuanto, por su naturaleza, no es un objeto corpóreo ni puede ser detectado materialmente". En definitiva, al carecer de protección legal, los sitios pueden ser saboteados sin problema.
El 25 de enero 1998, el sitio de la Corte Suprema amaneció modificado. Ese día, en lugar de su portada tradicional, se podía leer una proclama política que pedía la resolución del Caso Cabezas, a un año del asesinato del periodista de la revista Noticias. La protesta tenía la firma del "X-Team": un grupo de hackers que también había violado los sitios de los diarios Clarín, Olé y Ámbito Financiero.
Los miembros de la Corte presentaron una denuncia por daños y presunta asociación ilícita. Mientras tanto, los X-Team preparaban su nuevo ataque, que se produjo el 24 de marzo (aniversario del golpe de Estado de 1976) contra la página de la Fuerza Aérea. En ese caso, alteraron su contenido y establecieron un link directo al site de las Madres de Plaza de Mayo.
La causa no tuvo grandes novedades hasta fines del 2000, cuando se hizo cargo del caso la recientemente creada División de Informática Criminal de la Polícia Federal y determinó que el líder de los hackers, apodado "Wences", era un joven de 25 años llamado Julio López.
Lo que sucedió después es digno de una película. Lopez fue detenido por la Interpol en Ezeiza al llegar de un viaje por Estados Unidos. La detención duró cerca de 12 horas y la policía se incautó de su equipaje y sus dos notebooks. López quedó en libertad.
Un mes y medio después de la detención, el perito designado por la defensa del joven hacker, detectó irregularidades en el fajado de seguridad de los equipos secuestrados. El juez federal Gabriel Literas, entonces, ordenó que se investigara a los máximos responsables de la División Informática por posibles delitos de acción pública.
Independientemente de las idas y vueltas de esta causa, el fallo demuestra que en Argentina todavía hay un "claro vacío legal" —como señaló el juez Torres en su sentencia— a la hora de juzgar los delitos informáticos.
